Las Universidades Públicas del conjunto del España y el resto de Europa, se encuentran inmersas en un proceso de cambio en la configuración de sus estudios en el marco de la construcción del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Dicho proceso ha provocado diversas esperanzas, inquietudes y rechazos frontales en sectores diversos de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.
Nada resulta objetable en la mera idea de un espacio europeo de educación superior que conciba la educación como servicio público, abierta por tanto a toda la ciudadanía y que tenga por objetivo la formación permanente tanto para el desarrollo personal como para el de la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, la plasmación práctica del conjunto de medidas en las que se concreta el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), demuestra que el principal vector de su impulso no es otro que el espíritu neoconservador que impregna las políticas económicas neoliberales.
Esta realidad convierte lo que podría ser un deseable objetivo en un simple ejercicio de mera adaptación de la Universidad Pública a los intereses del mercado, poniendo en peligro la esencia misma de esta institución, concebida como servicio público, no mercantilizado, de formación académica rigurosa y digna capacitación profesional de la ciudadanía.
Las supuestas ventajas que la reforma pretende perseguir, (homologación de titulaciones, su intertraducibilidad, mayor movilidad de estudiantes, personas investigadoras y profesoras y profesores a nivel interestatal, son las más publicitadas) no justifican la puesta en marcha de cualquier tipo de políticas.
La desproporcionada subida de tasas, la introducción de un engañoso nuevo modelo de becas (las llamadas becas/préstamo que no son sino simples créditos bancarios), la precarización de la formación (en los nuevos grados generalistas), la elitización del acceso a los posgrados, la imposición de una misma metodología docente a todas las disciplinas, la subordinación de la Secretaría de Estado de Universidades a políticas económicas de I+D+i en el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, el avance hacia un cambio no democrático de la gobernabilidad de las universidades, etc… no pueden aplicarse, explicarse ni justificarse apelando simplemente al supuesto bien final que el Gobierno dice perseguir.
La mayor reforma de la historia que la Universidad europea afronta desde que ésta abriera sus puertas a la sociedad de “masas”, no puede despacharse sin un necesario debate social previo en el que participe el conjunto de la comunidad universitaria y de la ciudadanía.
Paradójicamente, la puesta en marcha de las medidas concretas adoptadas en el marco de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia) contradicen claramente declaraciones de intenciones como la establecida en la Conferencia de Ministros y Ministras responsables de Educación Superior de Londres de 2007. “La educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad. Las políticas de educación superior deberían enfocarse a maximizar el potencial de las personas en cuanto a su desarrollo personal y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento. Compartimos la aspiración social de que el conjunto de estudiantes que ingresan, participan y culminan la educación superior en todos sus niveles debería reflejar la diversidad de nuestros pueblos. Reafirmamos la importancia de que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su situación socioeconómica. Por tanto, continuaremos con nuestros esfuerzos para facilitar servicios adecuados a los estudiantes, crear itinerarios de aprendizaje más flexibles, tanto para acceder como una vez dentro de la ecuación superior, y ampliar la participación a todos los niveles sobre la base de la igualdad de oportunidades”.
Además, el contexto de crisis económica generalizada en el que nos encontramos, agudiza profundamente los graves problemas inherentes al desarrollo del llamado Plan Bolonia. La cerrazón del Gobierno del PSOE, persistiendo en el empeño de desarrollar y extender el Espacio Europeo de Educación Superior en un entorno de absoluta precariedad financiera y de ausencia de consenso social, llevará a la Universidad Pública española a un callejón sin salida de consecuencias imprevisibles.
Por todos estos motivos, EL Comité Ejecutivo del PCE exige:
1. La paralización inmediata de la aplicación de las reformas amparadas en la construcción del EEES, el llamado “Plan Bolonia”.
2. La apertura de un debate amplio en todos los niveles educativos y sociales que consensúe las reformas a adoptar.
3. Aplicar en el conjunto del Estado un plan de financiación público que nos acerque en términos reales al objetivo de gasto del 2% del PIB.
El PCE hace un llamamiento a toda la militancia, en especial a la universitaria, para que se sume a los actos de protesta organizados por las diferentes organizaciones estudiantiles encaminados a la Defensa de la Universidad Pública y a la paralización de Bolonia.
