El acto de presentación del "Plan de Infraestructuras 2007 – 2011" en el Hotel Ritz, cuyo coste de inscripción es de 1.400 euros – a resguardo por lo tanto de miradas populares indiscretas – declara como objetivo que los tiburones de la banca y la empresa privada "conozcan las peculiaridades del nuevo pliego de condiciones administrativas del nuevo Plan y aprovechen las oportunidades de negocio para su empresa".
El objeto de venta son 4 nuevos hospitales – Móstoles, Torrejón, Villalba y Carabanchel, 55 nuevos Centros de Salud y la reforma integral de todos los grandes hospitales públicos. Les animan diciendo que la "inversión inicial prevista para este Plan supera los 1.000 millones de euros".
Se trata de un negocio seguro mediante el cual el dinero de todos nosotros garantizará jugosos beneficios a constructoras, bancos y aseguradoras privadas, más atractivos que nunca en momentos de grave crisis económica. Todo ello se suma al escándalo de los nuevos hospitales, cuyo penoso funcionamiento ya conocen los usuarios, a la larga historia de privatización de servicios de laboratorio, radiodiagnóstico, informática y a la subcontratación de servicios de todo tipo en hospitales, que socavan desde hace años la calidad asistencial y las condiciones de trabajo, a mayor gloria de las empresas privadas.
La clientela está asegurada: toda la población de las zonas respectivas. La "libre elección" era sólo un señuelo para atacar la sanidad pública. El lucro, sin ningún tipo de control de calidad, se conseguirá de la única forma posible en la prestación de un servicio público como la sanidad: el ahorro en medios diagnósticos y de tratamiento, en gasto farmacéutico, disminuyendo la cantidad y la cualificación del personal, precarizando sus condiciones laborales y dando prioridad a las técnicas y servicios más rentables.
Además, como cobrarán un canon "per cápita", la forma de asegurar beneficios es quitarse de encima a los enfermos crónicos, personas mayores y pobres en general, que tiene más necesidades de todo. El círculo se cerrará, como ya están proponiendo los "expertos", introduciendo el ticket moderador disuasorio, es decir el pago de una cantidad por acceder a consultas, a urgencias y el abono de un porcentaje en los medicamentos para los pensionistas.
Los datos más recientes apuntan claramente en esa dirección: se elimina la Dirección general de Salud Pública, no habrá más Ofertas Públicas de Empleo, se ordena a las Gerencias no contratar personal para sustituciones, no se renuevan los contratos temporales, se privatizan las pruebas de laboratorio para más de un millón de personas, los nuevos Centros de Salud serán gestionados por empresas privadas con ánimo de lucro, ...etc
Si no fuera una realidad tan palpable, parecería que, trabajadores y usuarios, estamos ante una pesadilla. Precisamente lo increíble que resulta que estemos asistiendo a la demolición de una de las conquistas básicas del movimiento obrero y ciudadano - reforzado por el silencio de los medios de comunicación y de aquellas organizaciones que pueden acceder a ellos - provoca sentimientos de estupefacción paralizante en la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública.
La respuesta a la pregunta que muchos se hacen acerca de si la Constitución y las Leyes lo permiten, es evidente. El Derecho a la Salud y a un Sistema Público de Seguridad Social que la Constitución reconoce, a diferencia de otros como el Derecho a la Propiedad Privada y a la Libre Empresa, son interpretables por los gobiernos de turno. Las Leyes estatales, como la 15/97, de Nuevas Formas de gestión y las sucesivas votadas por el Parlamento regional, amparan todo esta locura privatizadora.
Es hora de reaccionar. La realidad está ahí: el día 23 de septiembre en los salones del Hotel Ritz, donde políticos y empresarios se repartirán la tarta de nuestros impuestos y del deterioro de la calidad de nuestra sanidad, y cada día, en los cerrados despachos donde se toman las decisiones.
Sólo la organización desde la base de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública para superar la desinformación y el inmovilismo y la construcción de un poderoso movimiento ciudadano contra la privatización y por una sanidad 100 por 100 pública y de calidad, conseguirá parar este brutal atentado a un derecho social básico como es la Salud Pública y abrir el camino a una atención sanitaria en función de las necesidades de la población.
Ese es el objetivo por el que se ha constituido la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la privatización y por la derogación de las leyes que la amparan. Sabemos que la lucha es larga y que sólo con la organización y la lucha conjunta de trabajadores y usuarios podremos conseguirlo.
Exigimos que los partidos y sindicatos que dicen ser contrarios a la privatización de la sanidad asuman sus responsabilidades y actúen en consecuencia.
La información y la movilización son nuestros instrumentos fundamentales. Si somos conscientes de lo que está en juego, no tenemos otra alternativa que derrotar a quienes son capaces de todo para asegurar sus cuentas de resultados y a quienes se lo sirven en bandeja. Sus intereses son poderosos, pero nosotros somos muchos más y nos jugamos algo mucho más trascendente que sus beneficios empresariales.
Además la importancia de la movilización social ha quedado bien patente. Ante la importante acogida y difusión, con modestísimos medios, que ha tenido la convocatoria de esta concentración entre trabajadores de la sanidad y usuarios, la Consejería de Sanidad se ha visto obligada a trasladar el lugar de la reunión intentando con ello, como los delincuentes, ocultar al pueblo de Madrid la escenificación del expolio de su sanidad.
Estamos convencidos de que juntos, aunando voluntades y fortaleciendo la organización unitaria y de base en cada lugar de trabajo, barrio y pueblo: ¡Si, PODEMOS!
¡FUERA EL NEGOCIO EMPRESARIAL DE LA SANIDAD!
¡LA SALUD NO ES UN NEGOCIO!
¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD!
