Secretaría PCE- Federal / 20 dic 10
Desde El PCE
exigimos, junto a agricultores, ecologistas y consumidores, que el
Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno español abandone
inmediatamente su posición sobre transgénicos dictada por las
multinacionales y que prohíba su cultivo.
A través de los documentos que filtra
Wikileaks, se ha sabido de la complicidad entre España y EE UU contra
las propuestas de Francia y de la Comisión Europea para limitar el
cultivo de transgénicos. El secretario de Estado de Medio Rural, Josep
Puxeu, llegó a pedir a la embajada, siempre según un cable, que
"mantuviera la presión" sobre Bruselas para que la biotecnología
siguiera siendo una opción para los Estados miembros.
Y, lamentablemente, no es el único. Las declaraciones que en el Diario Público realizó la nueva ministra de medio ambiente el 5 de diciembre relativas a la seguridad de los transgénicos eran bastante clarificadoras de hacia dónde va a ir dirigida su política respecto a este tema.
Según se ha publicado hoy en El País, en un informe del 19 de mayo de 2009, días después de que Alemania se sumara al veto del maíz transgénico MON810 que ya tenían Austria, Grecia, Hungría y Luxemburgo, la embajada recoge la impresión extendida entre la industria de la biotecnología de que "si España cae, el resto de Europa le seguirá".
La embajada también detalla que España cultiva el 75% del maíz transgénico de la UE y que éste supuso en España un 30% del total cultivado, con más de 80.000 hectáreas plantadas. En este sentido, considera que España es un país "que merece seguir siendo objetivo para desarrollar mayor aceptación de la biotecnología en la UE" dado "el posible desarrollo de variedades biotecnológicas capaces de resistir sequías y la falta crónica de agua en España".
De hecho, desde hace más de una década el Gobierno de España ha defendido prácticamente en solitario el cultivo de transgénicos en la UE, y es el único país que ha tolerado su cultivo a gran escala. Y lo ha hecho sin cumplir con las normas europeas y españolas de transparencia, seguimiento a través de la cadena alimentaria, etiquetado los alimentos transgénicos y sin estudiar y controlar el impacto de la contaminación en los campos.
El pasado 12 de noviembre, el Eurobarómetro publicó la última de sus encuestas con la actitud de los europeos hacia la biotecnología: el porcentaje de los encuestados contrarios a los transgénicos había subido del 57% en 2005 al 61% en 2010. Mientras, del 27% de apoyo se bajó al 23%. "Al contrario que la industria, los europeos consideran que los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) no ofrecen beneficios y son inseguros", concluye la encuesta europea. Así, el gobierno español está dando la espalda a su propia ciudadanía.
Por ello, desde el PCE vemos con mucha preocupación que el gobierno se haya convertido en un lobby de EEUU y las multinacionales agroalimentarias, y exigimos al Ministerio de Medio Ambiente que deje de favorecer los intereses de multinacionales como Monsanto o Syngenta, prohibiendo en primer lugar el cultivo de maíz transgénico de Monsanto MON 810 para la próxima campaña de siembra. Asimismo, exigimos que inicie una política agraria medioambiental y socialmente sostenible, que defienda sobre todo los intereses ambientales, agrarios y sanitarios frente a los intereses del capital agroalimentario y que se atienda a la reivindicación histórica de que los alimentos sean considerados un derecho humano fundamental, y por tanto, protegidos de los especuladores.
Y, lamentablemente, no es el único. Las declaraciones que en el Diario Público realizó la nueva ministra de medio ambiente el 5 de diciembre relativas a la seguridad de los transgénicos eran bastante clarificadoras de hacia dónde va a ir dirigida su política respecto a este tema.
Según se ha publicado hoy en El País, en un informe del 19 de mayo de 2009, días después de que Alemania se sumara al veto del maíz transgénico MON810 que ya tenían Austria, Grecia, Hungría y Luxemburgo, la embajada recoge la impresión extendida entre la industria de la biotecnología de que "si España cae, el resto de Europa le seguirá".
La embajada también detalla que España cultiva el 75% del maíz transgénico de la UE y que éste supuso en España un 30% del total cultivado, con más de 80.000 hectáreas plantadas. En este sentido, considera que España es un país "que merece seguir siendo objetivo para desarrollar mayor aceptación de la biotecnología en la UE" dado "el posible desarrollo de variedades biotecnológicas capaces de resistir sequías y la falta crónica de agua en España".
De hecho, desde hace más de una década el Gobierno de España ha defendido prácticamente en solitario el cultivo de transgénicos en la UE, y es el único país que ha tolerado su cultivo a gran escala. Y lo ha hecho sin cumplir con las normas europeas y españolas de transparencia, seguimiento a través de la cadena alimentaria, etiquetado los alimentos transgénicos y sin estudiar y controlar el impacto de la contaminación en los campos.
El pasado 12 de noviembre, el Eurobarómetro publicó la última de sus encuestas con la actitud de los europeos hacia la biotecnología: el porcentaje de los encuestados contrarios a los transgénicos había subido del 57% en 2005 al 61% en 2010. Mientras, del 27% de apoyo se bajó al 23%. "Al contrario que la industria, los europeos consideran que los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) no ofrecen beneficios y son inseguros", concluye la encuesta europea. Así, el gobierno español está dando la espalda a su propia ciudadanía.
Por ello, desde el PCE vemos con mucha preocupación que el gobierno se haya convertido en un lobby de EEUU y las multinacionales agroalimentarias, y exigimos al Ministerio de Medio Ambiente que deje de favorecer los intereses de multinacionales como Monsanto o Syngenta, prohibiendo en primer lugar el cultivo de maíz transgénico de Monsanto MON 810 para la próxima campaña de siembra. Asimismo, exigimos que inicie una política agraria medioambiental y socialmente sostenible, que defienda sobre todo los intereses ambientales, agrarios y sanitarios frente a los intereses del capital agroalimentario y que se atienda a la reivindicación histórica de que los alimentos sean considerados un derecho humano fundamental, y por tanto, protegidos de los especuladores.
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