La Agrupación del PCE de Alcalá de Henares participó en la marcha por la reindustrialización y el empleo en la Comarca del Henares.

Trabajadores de Honeywell movilizandose por sus derechos.

La Agrupación del PCE de Alcalá de Henares participó en la marcha por la reindustrialización y el empleo en la Comarca del Henares.

Durante la marcha el PCE expresamos en todo momento nuestro frontal rechazo a las políticas privatizadoras y recortes de derechos aplicados por el Gobierno del Estado. Así como pusimos de manifiesto la descarada sintonía en política económica entre el PSOE y PP, demostrando en la práctica que ambas formaciones políticas son las dos caras de la misma moneda.

 

Reindustrialización y ZEPA

Desde hace cinco años, bastante antes de la crisis, el PP de Alcalá de Henares hacía público su interés en que la zona ZEPA perdiera su grado de protección ecológica. Su interés no es otro que el de persistir en su suicida política de financiación especulativa mediante la descontrolada  recalificación a urbanizable de todo el suelo disponible.

Ahora vuelven a la carga utilizando la escusa de la reindustrialización. Dicen que es preciso que todo el suelo de la ZEPA pase a ser de tipo “c”, lo cual permite uso industrial o residencial, pues aseguran que Alcalá de Henares necesita más suelo industrial.

Desde la Agrupación del PCE de Alcalá de Henares queremos que se recupere el tejido industrial perdido en Alcalá de Henares, pero esta reindustrialización no esta escasa de suelo industrial sino de inversiones. Actualmente hay en Alcalá mucho suelo industrial que está inactivo, lo que hace falta es que haya proyectos e inversiones que lo pongan a funcionar.

Por lo tanto, la Agrupación del PCE de Alcalá de Henares es contraria a todas las zonificaciones de tipo “C” en la ZEPA, pues defendemos un modelo de ciudad y financiación municipal totalmente opuesto al de las formaciones políticas que, por acción u omisión, dan el visto bueno a que la especulación entre en la ZEPA.

Propuesta del PCE en todo el Estado

Para el PCE, en la actual de crisis del sistema capitalista global, es el momento de centrar la atención en las necesidades y de luchar por el control de lo público para ponerlo al servicio de esas necesidades.

· Financiación de los ayuntamientos para  garantizar que los entes locales avancen hacia la autonomía financiera y evitar así que las actividades urbanísticas sean la fuente principal de financiación de los municipios. Por otro lado es necesario tratar de forma diferenciada el endeudamiento provocado para beneficiar al sector privado de la inversión en las mejoras del patrimonio común.

· Las Cajas de Ahorro, que suponen el 50% del sector financiero español y que se encuentran cada vez más “bancarizadas”. En estos momentos, los procesos de reestructuración apuntan a una nueva vuelta de tuerca en ese sentido.

Hay que empezar a caminar en la dirección de la nacionalización potenciando su carácter social pero dejar de ser privadas para pasar a ser públicas.  El PCE  defiende la reconstrucción de una banca pública bajo criterios éticos, sociales y participativos, que conserve la presencia de los representantes políticos legítimamente elegidos pero que se guíe por comportamientos radicalmente democráticos y cuente con contrapoderes que eviten que se conviertan en simples instrumentos partidistas.

Se debe tomar como referencia la llamada banca ética, y trabajar sin afán de lucro, de forma transparente, con obra y responsabilidad social y comprometida con la financiación de la actividad productiva.

La banca pública no tiene que considerarse competencia de la banca privada, que puede seguir existiendo pero con una regulación más estricta que impida, por ejemplo, que utilicen los paraísos fiscales para sus negocios.

- El PCE ha defendido y sigue haciéndolo, el principio de homogeneidad fiscal de forma que la carga fiscal dependa de los ingresos de cada persona física o jurídica y no del territorio donde resida, así como del principio de redistribución equitativa de modo que, descontados los gastos federales generales, cada comunidad reciba la parte proporcional que le corresponda, de acuerdo a criterios objetivos como magnitud de población o del territorio, se trata –en última instancia- de que cada cual reciba según sus necesidades y cada cual aporte según su renta.

· Aumentar la capacidad fiscal a través de un sistema impositivo más progresivo que grave fundamentalmente las rentas del capital y en particular los beneficios de las grandes compañías y recuperando el impuesto sobre el patrimonio.

· No basta con más recursos, es necesaria una profunda democratización del Estado y sus estructuras a todos los niveles mediante la introducción de formas de democracia participativa y control ciudadano pues de lo contrario, más recursos para el Estado significan más recursos para las oligarquías. Toda una redefinición del contenido y la composición del gasto público al servicio de una economía enfocada a la satisfacción de las necesidades sociales, la creación de empleo digno y a la protección del medio natural y los bienes comunes, en la perspectiva de una planificación democrática de la economía.

· Reforma del IAE, para disuadir la implantación de grandes superficies, gravando de forma especial por su consumo eléctrico, y número de plazas de aparcamiento.

· Garantizar a toda persona en paro un subsidio de desempleo o un salario social, vinculado a la realización de actividades comunitarias y/o de formación acorde con el SMI, mientras no tenga un puesto de trabajo digno.

· Desarrollo de una política activa de inspección que combata los abusos y la explotación laboral.

· Eliminación de los contratos basura. Los servicios de la administración municipal y autonómica se prestarán siempre de manera directa por dichas administraciones o por empresas públicas, con trabajadores con idénticos derechos y condiciones laborales dignas. Ambas administraciones procederán a una revisión drástica del cumplimiento de todas las contratas privadas existentes en la actualidad, como primer paso a la devolución al sector público de todas ellas.

-  Eliminar las ETTs. Sus funciones serán desempeñadas por servicios públicos de empleo.

Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio ni el beneficio económico; y no pueden regirse por criterios de rentabilidad, sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la ciudadanía a lo largo de la historia, y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales.

Constatamos que en los últimos años se está dando una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los servicios públicos. La estrategia global de privatización de estos se sustenta sobre un primer proceso de manipulación ideológica de la opinión pública que se ha ido desarrollando de modo sistemático, constante e implacable durante los últimos años.

Los y las comunistas debemos continuar luchando por unos servicios públicos y de calidad, de acceso universal y gratuito.

Es necesario que todos los servicios imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad sean plenamente públicos, incluida la gestión de los mismos, se gestionen con absoluta transparencia y estén sometidos a un estricto control democrático.

Hoy no es suficiente decir no a las privatizaciones, es necesario un plan de nacionalización de todo lo que se ha privatizado estos años pasados y de todo aquello que sea imprescindible para la atención de las necesidades sociales.