Manifiesto de solidaridad con Remedios
ACTO PUBLICO
12 MAYO (20h)
SALA CLAMORES DE MADRID
La guerra jurídica contra Remedios
La delegación de parlamentarios españoles (con representantes del PSC, CiU, ERC e IU) que en enero visitó Colombia, apoya el diálogo con la insurgencia y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno para conseguir la paz con justicia social.
Es lo que ha hecho en su actividad profesional Remedios García Albert: defender el respeto a los derechos humanos y colaborar en las aproximaciones que faciliten una negociación en Colombia.
La política del presidente Álvaro Uribe ha intentado desprestigiar a la delegación parlamentaria y ha aplicado contra Remedios la guerra jurídica internacional. El asesor presidencial José Obdulio Gaviria
(primo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria) acusó a los parlamentarios españoles de ser "idiotas útiles" al servicio de la guerrilla y a Remedios de actuar como representante de las FARC en Europa. El origen de la operación de acoso y denuncia lo han confirmado medios colombianos tan importantes como la revista Semana y la radio RCN al revelar los documentos que demuestran las intervenciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para desprestigiar y aplicarles la guerra jurídica a quienes no están de acuerdo con la política de Uribe. El DAS es el servicio secreto que depende directamente del Presidente de la República y que Uribe ha convertido en una policía política: los documentos publicados llevan el sello oficial del DAS y se agrupan bajo la denominación común de guerra política. Las operaciones secretas de espionaje, intimidación y desprestigio se dirigen contra opositores, periodistas, defensores de los derechos humanos y magistrados del Tribunal Supremo y de la Corte Constitucional. La Fiscalía lo considera "una empresa criminal" y el presidente del Tribunal Supremo, Jaime Arrubla, ha dicho que "es más grave que el Watergate". La Administración Obama ha suspendido su colaboración con el DAS.
En setiembre del 2003, al concluir su primer año presidencial, Álvaro Uribe acusó a los defensores de los derechos humanos (durante un discurso en la Escuela Superior de Guerra) de ser "politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos". Y comenzó la guerra jurídica contra la oposición interna y la solidaridad internacional.
Como dice el obispo Leonardo Gómez Serna, "si alguien busca la paz negociada, lo vinculan con la guerrilla". Dos son los instrumentos más utilizados por la política de Uribe en su guerra de desprestigio y criminalización: los contradictorios e indocumentados testimonios de supuestos desertores de la guerrilla y los supuestos documentos del supuesto ordenador supuestamente encontrado en el ataque de la Fuerza Aérea de Colombia y Estados Unidos contra el campamento de Raúl Reyes, comandante de las FARC, en territorio ecuatoriano.
En los documentos internos del DAS publicados por la prensa colombiana se incluye en la guerra política una campaña contra las organizaciones europeas de defensa de los derechos humanos falsificando correos electrónicos. En esas pruebas precocinadas se basan las acusaciones para el procesamiento de Remedios García Albert por colaboración con banda armada. La guerra jurídica le ha destrozado la vida: ha perdido su puesto de trabajo y padece la inseguridad y las peligrosas consecuencias de la imagen terrorista proyectada en los medios de comunicación.
Hay un procedimiento directamente contra ella y además está incluida en el auto de procesamiento por la supuesta vinculación de las FARC con la ETA en una supuesta alianza supuestamente facilitada por el gobierno de Venezuela. En el primer caso no hay más pruebas que las del supuesto ordenador, invalidadas por proceder (si es cierto) de un acto de agresión internacional contra la soberanía territorial de Ecuador. En el segundo se esgrimen supuestas revelaciones de supuestos desertores de la guerrilla que permanecen sin identificar y fueron previamente orientados por los servicios secretos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y hay además una declaración demoledora contra el montaje sobre la supuesta triangulación entre las FARC, la ETA y Chávez: el general Douglas Fraser, Jefe del Comando Sur, contestó que no tiene pruebas de esas supuestas relaciones cuando el que fue candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, le preguntó bajo juramento en el Senado sobre el auto de procesamiento elaborado por el juez español Eloy Velasco. No puede estar implicada Remedios en lo que no se ha producido.
En solidaridad con Remedios García Albert y para explicar el origen y las características de la guerra jurídica que el presidente Álvaro Uribe ha exportado desde Colombia a España, hemos convocado un acto público en la madrileña Sala Clamores que se realizará el 12 de mayo a las 20h.
12 MAYO (20h)
SALA CLAMORES DE MADRID
La guerra jurídica contra Remedios
La delegación de parlamentarios españoles (con representantes del PSC, CiU, ERC e IU) que en enero visitó Colombia, apoya el diálogo con la insurgencia y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno para conseguir la paz con justicia social.
Es lo que ha hecho en su actividad profesional Remedios García Albert: defender el respeto a los derechos humanos y colaborar en las aproximaciones que faciliten una negociación en Colombia.
La política del presidente Álvaro Uribe ha intentado desprestigiar a la delegación parlamentaria y ha aplicado contra Remedios la guerra jurídica internacional. El asesor presidencial José Obdulio Gaviria
(primo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria) acusó a los parlamentarios españoles de ser "idiotas útiles" al servicio de la guerrilla y a Remedios de actuar como representante de las FARC en Europa. El origen de la operación de acoso y denuncia lo han confirmado medios colombianos tan importantes como la revista Semana y la radio RCN al revelar los documentos que demuestran las intervenciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para desprestigiar y aplicarles la guerra jurídica a quienes no están de acuerdo con la política de Uribe. El DAS es el servicio secreto que depende directamente del Presidente de la República y que Uribe ha convertido en una policía política: los documentos publicados llevan el sello oficial del DAS y se agrupan bajo la denominación común de guerra política. Las operaciones secretas de espionaje, intimidación y desprestigio se dirigen contra opositores, periodistas, defensores de los derechos humanos y magistrados del Tribunal Supremo y de la Corte Constitucional. La Fiscalía lo considera "una empresa criminal" y el presidente del Tribunal Supremo, Jaime Arrubla, ha dicho que "es más grave que el Watergate". La Administración Obama ha suspendido su colaboración con el DAS.
En setiembre del 2003, al concluir su primer año presidencial, Álvaro Uribe acusó a los defensores de los derechos humanos (durante un discurso en la Escuela Superior de Guerra) de ser "politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos". Y comenzó la guerra jurídica contra la oposición interna y la solidaridad internacional.
Como dice el obispo Leonardo Gómez Serna, "si alguien busca la paz negociada, lo vinculan con la guerrilla". Dos son los instrumentos más utilizados por la política de Uribe en su guerra de desprestigio y criminalización: los contradictorios e indocumentados testimonios de supuestos desertores de la guerrilla y los supuestos documentos del supuesto ordenador supuestamente encontrado en el ataque de la Fuerza Aérea de Colombia y Estados Unidos contra el campamento de Raúl Reyes, comandante de las FARC, en territorio ecuatoriano.
En los documentos internos del DAS publicados por la prensa colombiana se incluye en la guerra política una campaña contra las organizaciones europeas de defensa de los derechos humanos falsificando correos electrónicos. En esas pruebas precocinadas se basan las acusaciones para el procesamiento de Remedios García Albert por colaboración con banda armada. La guerra jurídica le ha destrozado la vida: ha perdido su puesto de trabajo y padece la inseguridad y las peligrosas consecuencias de la imagen terrorista proyectada en los medios de comunicación.
Hay un procedimiento directamente contra ella y además está incluida en el auto de procesamiento por la supuesta vinculación de las FARC con la ETA en una supuesta alianza supuestamente facilitada por el gobierno de Venezuela. En el primer caso no hay más pruebas que las del supuesto ordenador, invalidadas por proceder (si es cierto) de un acto de agresión internacional contra la soberanía territorial de Ecuador. En el segundo se esgrimen supuestas revelaciones de supuestos desertores de la guerrilla que permanecen sin identificar y fueron previamente orientados por los servicios secretos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y hay además una declaración demoledora contra el montaje sobre la supuesta triangulación entre las FARC, la ETA y Chávez: el general Douglas Fraser, Jefe del Comando Sur, contestó que no tiene pruebas de esas supuestas relaciones cuando el que fue candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, le preguntó bajo juramento en el Senado sobre el auto de procesamiento elaborado por el juez español Eloy Velasco. No puede estar implicada Remedios en lo que no se ha producido.
En solidaridad con Remedios García Albert y para explicar el origen y las características de la guerra jurídica que el presidente Álvaro Uribe ha exportado desde Colombia a España, hemos convocado un acto público en la madrileña Sala Clamores que se realizará el 12 de mayo a las 20h.
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