La Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de Madrid, que tiene como fin parar el "fraude
hipotecario" y defender el "derecho a la vivienda", ha sido presentada en rueda de prensa en
la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
El 15 de Junio se procederá a parar el primer desahucio en la comunidad de madrid.
Manifiesto
CONTRA EL FRAUDE HIPOTECARIO, POR EL
DERECHO A LA VIVIENDA
- Hay miles de familias en situaciones dramáticas, sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla. Muchas ya han sido desahuciadas y otras tantas están ya en fase de ejecución hipotecaria, por lo que temen ser desahuciadas en los próximos meses. La mala regulación del sistema bancario español hace que no sólo corran el riesgo de perder sus casas y quedarse en la calle, sino también de mantener parte de la deuda, ya que ahora los bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores.
- La administración no está proponiendo ninguna solución. La “moratoria ICO”, anunciada por el gobierno, no sólo no resuelve el problema sino que lo aplaza y lo complica al aumentar los intereses. Además, los criterios de aplicación dejan fuera a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y en muchos casos los bancos se niegan a aplicarla, ya que no están obligados.
- Las personas hipotecadas denunciamos que somos víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda , inflando el precio, y aumentando así la deuda contraída. Pero la lista de irregularidades no acaba aquí: comisiones abusivas; contratación obligada de seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada, cuando no engañosa, sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener.
No negamos nuestra
parte de responsabilidad al
haber firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener, a pesar de las
condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas. Sin
embargo hasta ahora el índice de morosidad de las familias ha permanecido
increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el estallido de la
crisis no han dudado en exigir dinero público, las familias endeudadas han
cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los
intereses se lo han permitido. Ahora que ya no pueden hacerlo, la respuesta
de las entidades crediticias ha sido intentar renegociar a favor de la entidad
o el recurso fulminante a la ejecución hipotecaria. Con un agravante: dada la
“desvalorización” sufrida por los pisos, es posible que quien los pierda siga
debiendo dinero a la entidad que astutamente lo endeudó.
Además de este cúmulo
de irregularidades y despropósitos, no debemos olvidar la responsabilidad de
las distintas administraciones públicas que han desarrollado una
legislación que solo ha promovido el acceso a una vivienda en régimen de
propiedad como única forma de acceso a una vivienda estable y segura y que
en la práctica ha significado el sobreendeudamiento de las familias, marginando
otras formas de acceso a la vivienda como el alquiler. La desgravación fiscal
de la compra, la inestabilidad e inseguridad de los inquilinos ante una ley de
arrendamientos urbanos que defiende los intereses del propietario, la
desregulación del mercado hipotecario que permite hipotecas a 50 años, la
inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y
restricción sobre el crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse
por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda.
Además los bancos,
junto a inmobiliarias, administraciones y medios de comunicación, durante
muchos años repitieron que alquilar era tirar el dinero, que era mucho mejor
comprar y que los precios de los pisos nunca bajarían. Bajo estas condiciones,
inmobiliarias, bancos y cajas aprovecharon ese contexto objetivo y dedicaron
todo su aparato propagandístico a incentivar la compra y el sobreendeudamiento.
Por todo ello la
asamblea de afectados por la hipoteca exige soluciones. Soluciones que son
justas, posibles y que ya que se están aplicando en otros lugares:
a) Parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de
los avalistas, hasta que se haya encontrado una solución a su situación. Y
garantizar a los afectados el acceso a justicia gratuita para poder
defenderse en los procesos de ejecución. En cualquier caso garantizar que
ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional: un Estado
democrático respetuoso de los Derechos Humanos no puede permitir que miles de
familias se queden en la calle a la vez que millones de pisos permanecen vacíos
a la espera de ser un negocio rentable.
b) Establecer la dación en pago con carácter retroactivo, de manera que si el banco ejecuta la
hipoteca y se queda la vivienda, la deuda queda liquidada, como sucede en otros
países de la UE o en EEUU. Es un abuso bancario que estén expulsando a la gente
de sus casas y encima les exijan el pago de 20, 50 o incluso 100 mil euros.
c) Conversión del
parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de
alquiler social. Que la administración
fuerce a las entidades financieras a asumir los precios reales de las viviendas
haciendo que los bancos renuncien a un porcentaje significativo de la deuda
hipotecaria para que, a continuación, la administración compre la vivienda a precio
de vivienda protegida de régimen general y el antiguo propietario pueda
permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando
cumpla los requisitos establecidos para ser beneficiario de la misma. Así no
sólo se ayudaría a las familias hipotecadas, sino que ganaría toda la sociedad
al aumentar el parque de vivienda pública en alquiler. Una versión de esta
medida se está aplicando ya en el País Vasco, por lo que se trataría de
extenderlo al resto de comunidades autónomas.
d) Realización de
una Auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario.
Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de
un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las
responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así como de las
instituciones públicas. La misma auditoría debería aclarar dónde han ido a
parar los beneficios millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.
e) Establecer los
mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a
una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una
esclavitud para las familias trabajadoras. En el caso del mercado hipotecario,
establecer por ley que el pago de la cuota mensual hipotecaria en ningún caso
sea superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar, a un plazo
máximo de 20 años.
Invitamos a las
personas afectadas a sumarse a esta Plataforma: la unión es la mejor manera que
tenemos ahora para vencer el miedo, las amenazas y los abusos de los bancos.
También invitamos a
entidades y colectivos sociales a apoyar este manifiesto, porque es una tarea
de toda la sociedad el forzar un cambio de modelo: de la burbuja inmobiliaria
al derecho a la vivienda.
Así mismo,
invitamos a las administraciones a establecer un diálogo para avanzar en la
aplicación de estas medidas. Mientras éstas no se apliquen, anunciamos que
iniciaremos movilizaciones y las acciones necesarias para hacer respetar
nuestros derechos."Sí se puede"
Los bancos estafan, la Ley Hipotecaria se lo permite.
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