ANTE LOS RECORTES EN LA JUNTA DE ANDALUCIA
El 22 de
Mayo los militantes del Partido Comunista nos movilizamos junto con decenas de
miles de estudiantes, profesores, personal no docente y padres y madres de
alumnos secundando las movilizaciones que acompañaron la convocatoria de Huelga
General en defensa de la Educación Pública.
Entendemos
que la Educación y la Sanidad se han convertido en la diana de las políticas
neoliberales que pretenden recuperar el proceso de acumulación capitalista
detenido por la recesión económica a
base de desmontar lo poco que queda en nuestro país de estado social.
Las excusas
para recortar el gasto público en servicios esenciales para la población (y más
en la actual situación de depresión económica) se encuentran
constitucionalizadas y legalizadas a partir del acuerdo que alcanzaron PP y
PSOE para establecer el déficit cero, garantizando, eso sí, que no habrá límite
para garantizar el pago de la deuda externa de España.
Mientras que
hay dinero, y mucho, para socializar las pérdidas de Bankia (en un mal llamado
proceso de nacionalización), no lo hay para garantizar el acceso a los
servicios públicos que son derechos sociales básicos.
Esta es la
estrategia neoliberal que se impone desde Europa, que pierdan los ciudadanos
para que todos los que invirtieron en nuestro país en la especulación del
ladrillo creando la burbuja inmobiliaria no pierdan ni un céntimo. Es importante resaltar que las presiones sobre
la deuda española no provienen de lo mucho que el Estado gastó en políticas
públicas. En el monto total de la deuda de nuestro país, sólo el 30%
corresponde al Estado y a las familias, y el resto es deuda privada. En ese 70%
se incluye lo que se debe, a título de ejemplo, a la banca alemana que prestó
150.000 millones de euros para operaciones de especulación inmobiliaria en los
litorales españoles con sus correspondientes derivados financieros tóxicos.
Por otra
parte, se encuentran los disparatados intereses que España tiene que abonar por
colocar su deuda pública y que ha alcanzado el record de un 6% en los últimos días.
Es importante tener en cuenta que cada vez que sube un punto el interés de esa
deuda, el Gobierno sufre un coste en torno a 1.000 millones de euros, que se
sumarán un déficit que se saldará con nuevos recortes en otros gastos.
Esas, y no
otras, son las deudas que Europa quiere que se le garantice, y el Gobierno de
Rajoy está dispuesto a hacerlo.
Estos elementos los queremos traer a
colación para recordar que la situación de recesión económica y la estrategia
de recortes públicos son una estrategia a largo plazo y no situaciones de
coyuntura reversibles en el corto plazo.
Desde el
Partido Comunista e Izquierda Unida siempre hemos tenido claro que este estado
de cosas no se resolverá sino con la más amplia movilización social y política
que permita cambiar la lógica del sistema y salir por la izquierda, sabiendo
que no es posible contemporizar con las políticas neoliberales y por eso
llamábamos, ayer y hoy, a la Rebeldía, queriendo ser desde nuestras posiciones
políticas el referente de la misma.
En este
contexto, el pasado 14 de mayo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía decidió aplicar un
recorte en los Presupuestos de 2.700 millones de euros, acomodándose a las
directrices del Gobierno de Rajoy. Este recorte se ha hecho recaer en el
conjunto de los trabajadores públicos andaluces, pero que tendrá una especial
incidencia entre los de la sanidad y la educación. Además de llevar a cero las
inversiones en obra pública.
Dicha medida
sobrevolaba desde hace meses, y no se puede alegar que fuera una situación
sobrevenida. Cuando se negociaba el pacto de Gobierno PSOE-IU en varios de los
encuentros de debate organizados en torno al mismo se preguntó específicamente
por esta cuestión, y la respuesta fue que había que tener confianza en la dirección
y la comisión que estaba llevando a cabo el proceso de negociación. Nunca se
planteó la posibilidad de que nuestra fuerza política avalara dicho recorte, no
se discutió ni antes, ni después.
En términos
prácticos, la asunción de la disminución de los 2.700 millones del Presupuesto
supondrá:
-El
incremento de la jornada laboral para el personal al servicio de la JA a 37,5
horas.
-Reducción
significativa de la masa salarial de esos trabajadores a partir de la
eliminación de complementos y ayudas.
-Incremento
de la precariedad y pérdida de derechos sociales adquiridos.
Además, se
destruirá empleo público, porque la aplicación conjunta de las medidas,
significará la no renovación de 4.827 funcionarios interinos del sector de la
educación y en el sector sanitario una perdida similar aunque no cuantificada
por el momento. Por tanto, no es cierto que se esté defendiendo el
empleo.
Todo esto se
ha hecho sin negociación previa con los Sindicatos… lo cual no debe extrañar,
si tenemos en cuenta que tampoco se ha contado con nuestra Organización.
Habría que
tener presente, que la cantidad a recortar en el Presupuesto Andaluz se produce
como consecuencia de haber previsto unos ingresos mayores que los que
finalmente se han generado, y de ahí el descuadre. Ese recorte no contempla la
afectación que para la sanidad y la educación va a suponer el tijeretazo
aprobado por el Consejo de Ministros de 30.000 millones, de los que a Andalucía
le tocaría absorber en torno al 25%. Este nuevo recorte contempla medidas como
las previstas en el real decreto 14/2012, que ha motivado la huelga general de
educación del 22 de mayo y que supone, subidas escandalosa de tasas
universitarias, reducciones de becas y obstáculos para acceder a las mismas.
También contempla el copago sanitario
para jubilados y pensionistas (tendrán que pagar el 10% en los medicamentos) y
para trabajadores-as en activo (pasan a pagar del 40 al 50% de los
medicamentos), y deja fuera del derecho a la asistencia sanitaria a inmigrantes
no regularizados y a las personas mayores de 26 años en situación de desempleo
que no perciban ninguna prestación.
Los recortes
presentes o por venir ni son justos ni necesarios, porque no son la solución ni
siquiera parcial de los problemas de nuestra economía. Aceptarlos, supone
comulgar con la lógica neoliberal y eso no está ni en nuestro ideario ni en
nuestro programa. Y por tanto, no puede ser el condicionante para la
permanencia de IU en el Gobierno andaluz.
No es para
eso para lo que nos presentamos a las elecciones ni coincide con lo planteado
en el Acuerdo Programático que alumbró la entrada en el Gobierno de Andalucía.
Sin embargo, y sin contar ni con la opinión de ningún órgano ni del Partido ni
de IU y sin la más mínima explicación previa, los miembros del Consejo de
Gobierno de la JA votaron a favor de dicho recorte.
Se ha
tratado de justificar la aceptación del recorte como el mecanismo de evitar la
intervención sobre Andalucía por parte del Gobierno central. Pero la lógica de
la lucha debería ser la contraria: si se atreven, que intervengan por encima
del Parlamento Andaluz. Ahí sí que podríamos llamar al conjunto del pueblo
andaluz a defender lo que es suyo. Desde la rebeldía, no desde la resignación
cómplice con el sistema.
En estos
días hemos vivido una fractura con el tejido social con el que hasta ahora
veníamos compartiendo luchas, objetivos y esperanzas. Es indispensable
recuperar la confianza de todos aquellos para los que nos hemos venido
convirtiendo en referentes de sus aspiraciones. Y debemos ser conscientes de
que lo que está en juego es el futuro
del proceso de acumulación de fuerzas que Izquierda Unida y el PCE están
protagonizando en el conjunto de España.
Por ello es
urgente que la Organización y sus órganos legítimos recuperen el ejercicio de
sus competencias de debate y adopción democrática de acuerdos y decisiones,
estableciendo las directrices para los compañeras/os que desempeñan
responsabilidades institucionales (de gobierno o parlamentarias)en todos los
niveles.
Es urgente
también que el Partido en Andalucía ejerza sus funciones, se reúna y debata
trasladando propuestas y posiciones a IULV-CA para rectificar su actual deriva
ideológica, política e institucional.
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