Ciclo de cine y debate

 DERECHOS HUMANOS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL
del 17 de febrero al 2 de marzo

17 de febrero

COLOMBIA, ¿ESTADO DE DERECHO?

- proyección del video sobre la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de la Defensa de DDHH en Colombia (informe de diciembre de 2011).

- proyección del documental de Hollman Morris "Por el Derecho a Defender los DDHH: los casos de Carmelo Agámez y David Ravelo". (2011)

- charla-debate con Mauricio Valiente, abogado e integrante de la Misión Internacional en Colombia, miembro de la dirección del PCE y diputado por IU en la Asamblea de Madrid.

La Misión Internacional de Verificación sobre la situación de la Defensa de DDHH en Colombia se ha desarrollado del 28 de noviembre al 2 de diciembre pasados. Estaba conformada por 42 participantes: abogados, defensores de DDHH y ONG's de 15 países.
Se visitaron 8 departamentos del país suramericano, en las que se constataron numerosas violaciones de los derechos humanos así como agresiones a sus defensores.
Se registraron, entre julio de 2010 y mayo de 2011, 54 asesinatos de defensores de los DDHH en Colombia, a los que se suma la impunidad con la que actúan el ejército y los paramilitares contra las poblaciones civiles.


24 de febrero
CAMINO DE GUANTANAMO

Dirección: Michael Winterbottom y Mat Whitecross.
País: Reino Unido. Año: 2006 Duración: 95 min.

Septiembre 2001: cuatro jóvenes amigos británicos de origen pakistaní van a su país para asistir a la boda de uno de ellos y, de paso, disfrutar de unas vacaciones recorriendo el país. Después de muchas vicisitudes, son capturados por tropas norteamericanas y trasladados a la base norteamericana de Guantánamo, donde permanecen más de dos años y son sometidos a innumerables humillaciones y torturas.

La película permite adentrarnos en el sistema carcelario y extrajudicial que, en un contexto de guerra imperialista generalizada y ante la pasividad de la comunidad internacional, mantiene el gobierno estadounidense en su base militar de Cuba escudándose tras la coartada de su “seguridad nacional”.

Miles de personas privadas de los derechos más elementales pasaron por Guantánamo. Cientos de ellas siguen allí sin saber ni siquiera el por qué de su internamiento.

2 de marzo

WELCOME

Dirección: Philippe Lioret. País: Francia.
Año: 2009. Duración: 111 min.

Bilal, un joven kurdo de 17 años, ha cruzado el Oriente Próximo y Europa para reunirse con su novia recién emigrada a Inglaterra. Pero su recorrido se detiene bruscamente cuando, en el lado francés, le impiden cruzar el Canal de la Mancha.

Un repaso a la dura realidad de la inmigración en Europa, desde las condiciones infrahumanas que sufren las personas en busca de una nueva vida hasta los mecanismos del aparato represor del espacio europeo de Schengen, pasando por los abusos policiales, las violaciones a la dignidad humana y la persecución por parte de las autoridades de quién trata de ayudar a su próximo…

ASESINADA LA LUCHADORA COLOMBIANA PRO-DDHH ANA F. CÓRDOBA

Desplazamiento, desaparición, asesinato, impunidad, amenazas y valentía marcaron a esta mujer.


-¿Será que estamos en el cielo? -se preguntó-. Esta ciudad tan alumbrada y bonita. La gente tan elegante.

Era la primera vez que Ana Fabricia Córdoba pisaba Medellín. Todo le parecía diferente al Apartadó que había tenido que dejar porque allá le habían matado a nueve personas de su familia, había perdido la tierra heredada de sus abuelos, le habían asesinado a su esposo y amenazado a ella y a sus hijos. Con ellos, sus cinco hijos, llegó a Medellín en el 2001. Y le pareció el cielo, esa ciudad. La misma ciudad en la que fue enterrada el jueves pasado, después de que le pegaran un tiro mientras iba en un bus.

Su voz. No solo lo que decía, sino cómo. Duro. Fuerte. Haciéndose sentir. Eso es lo que van a extrañar de Ana Fabricia las decenas de personas que el miércoles la velaban en la funeraria. Su presencia se había convertido en sinónimo de lucha de la población desplazada y su voz aparecía en cuanta reunión pública por sus derechos se hiciera en Medellín. "Por eso la mataron: por decir la verdad en una ciudad que quiere tapar su realidad con estadísticas", dice una mujer cuyo nombre no aparecerá en este texto, como sucederá con otros tantos testimonios. "No nos cite -dicen-. Aquí estamos protegidas, pero llegamos al barrio y allá estamos solas".

Ana Fabricia hablaba con nombre propio. Pero no siempre fue así. Sus abuelos y sus papás llegaron de Tibú, Norte de Santander, a Urabá, huyendo de la violencia política y en busca de una vida mejor. Allá se afianzaron como 'derribadores' de montaña en la zona bananera y, tras años de trabajo, lograron ser propietarios de lotes de tierra de los cuales vivían.

Hasta que se impuso el terror. Un hermano de Ana Fabricia llegó a ser concejal de Apartadó por la Unión Patriótica y esto convirtió a su familia en blanco de persecución política, en los años 80. Vinieron luego las masacres, como las de las fincas Omega y Honduras, o la de El Aracatazo, todas vividas de cerca por ella y su familia. Andaban de un lado para otro en la zona, protegiéndose pero sin querer alejarse de su terruño. Con muchos de los suyos muertos, sin embargo, la presión llegó cuando hombres armados le pidieron que vendiera su finca. "No. Es la herencia de mi gente", les respondió ella. Después debió huir, con su tierra en llamas.

Llegó a deambular a las calles de una ciudad que la sorprendía y en la que supo lo que era pedir para comer. Se instaló con sus hijos en la Comuna 13 sin saber que allá los rodearía otra guerra: la de las milicias. Sus niños eran pequeños y ella no quería que crecieran en ese entorno. Se trasladó al barrio La Cruz, en la comuna nororiental, donde unos sacerdotes le ofrecieron un rancho de madera.

Empezó a hacer su vida de nuevo. Sus hijos la ayudaban en casa, vendiendo dulces, lavando carros, mientras cursaban la primaria. Fue ahí, en ese barrio, donde Ana Fabricia comenzó a subir la voz. Y lo hizo porque le tocaron lo que más quería: sus hijos. Uno desapareció. Otro lo mataron. En julio del año pasado, Jonathan aparecio muerto. Desde entonces Ana Fabricia no se calló.

-Lo subieron a una patrulla de número 133084. Iban dos tipos de civil. Como en cada sitio de la comuna usan nombres distintos -que el cabo Muñoz, que el teniendo Osorio...- sabrá Dios cómo se llaman de verdad.

Eso decía. A gritos. Que los responsables del asesinato de su hijo eran policías. Eso repitió hasta su muerte, aunque muchos le aconsejaran callar. "A las víctimas no les creen en este país. Menos si son mujeres. Por eso le decía que no hablara tan duro, pero era inútil", dice otra mujer que permanece varias horas en el velorio.

Ana Fabricia comenzó a hablar por ella y por las otras mujeres, también desplazadas, también madres de hijos muertos, desaparecidos o perseguidos por las bandas que reinan en los barrios donde el control lo tienen las armas. Su voz se hizo líder de la organización Latepaz, en defensa de la calidad de vida de los desplazados, y del grupo Mujeres Aventureras Gestoras de Derechos, del que hace parte Rosalba (la llamaremos así, su nombre no lo dice por miedo). Con ella, Ana Fabricia se capacitó en cursos de derechos. "Denunciaba los atropellos que sufríamos los desplazados -dice Rosalba-. Porque a nosotros no nos quieren allá en las comunas".

En los últimos meses, se alejó un poco de los lugares donde era conocida. Aunque había recibido una casa en subsidio en el barrio Popular Uno, casi no la habitó. "No pudo hacerlo por los hostigamientos de las bandas -agregan sus compañeras del grupo-. En esta ciudad se supone que no pasa nada, pero el matrimonio entre paramilitarismo y fuerza pública es lo más normal en esos barrios".

Ana Fabricia estaba recibiendo amenazas de muerte que denunció con insistencia ante la Fiscalía, el gobierno local, la Procuraduría. También las recibían sus amigas: "Si se quiere morir, siga andando con ella", recuerda Rosalba que le dijeron. Por eso vivía de hotel en hotel, de pieza en pieza de la ciudad. Vivía de la ayuda que recibía de organizaciones sociales o del apoyo de compañeras que se habían vuelto sus cómplices en la solidaridad. Para protegerlos, había decidido que sus tres hijos, Diana, Carlos y Lizette, vivieran en un sitio diferente a ella, lo mismo que su segundo marido, hoy afectado por un enfisema pulmonar. Cuidaba de los demás, pero no guardaba silencio.

-Si nos quedamos calladas, nos van a matar a todas -solía decir.

La voz no la levantaba solo para hablar de los desplazados. Su discurso empezó a estar relacionado con la inseguridad general de la ciudad, la defensa de los jóvenes perseguidos, la violación de los derechos humanos. "Y eso nos dejó por herencia: no quedarnos callados", afirma un hombre de una fundación de desplazados.

A pesar del dolor que cargaba encima, esta mujer que hizo hasta tercero de bachillerato y murió a los 52 años, era apasionada y cariñosa con la gente que quería. Orgullosa de su cultura, solía invocar a sus ancestrales, al sol, a la luna. Le gustaba lucir sus trenzas y vestir la paruma chocoana.

"Recordaremos su voz poderosa, su alegría contagiosa", dijo Piedad Córdoba en el cementerio San Pedro, donde más de quinientas personas acompañaron el féretro. "Aquí llegamos todos los que la dejamos sola", dijo con sinceridad una funcionaria departamental. Llegaron, también, los ofrecimientos para la seguridad de sus hijos, las millonarias recompensas, el anuncio de investigaciones.

Cuentan que cuando iba a denunciar las amenazas, le decían que era paranoica. Ana Patricia Aristizábal, personera delegada para los derechos humanos, afirma: "¿Cuál paranoia? Mire dónde estamos: en un cementerio. La asesinaron". A Ana Fabricia le ofrecieron seguridad el año pasado, y ella lo rechazó. "Cómo iba a aceptar que la cuidara la institución que ella denunciaba de haber matado a su hijo", dice un allegado.

Diana, su hija de 27 años, mira la foto que está junto al ataúd y dice: "Mamá, qué linda eras". Con lágrimas, Diana debió responder las preguntas de los periodistas (que también llegamos tarde). "Desde que mataron a mi hermano y mi mamá inició sus denuncias, supe que esto venía", dice. Sus compañeras de lucha comunitaria entienden su asesinato como un mensaje. "Sabían que nos afectarían a todas. Nos mataron la alegría, la perseverencia, la valentía". Eso era Ana Fabricia, para ellas.

Dice la policía podrían reabrir caso del hijo

Tras la muerte de Ana Fabricia Córdoba, la Policía Nacional pidió a la Procuraduría Provincial que revise lo actuado en relación con la investigación administrativa que precluyó por la muerte del hijo de la líder comunitaria. El subdirector de la institución, general Rafael Padilla Garzón, se reunió con delegados de organizaciones de derechos humanos y afirmó que la Policía tiene "cero tolerancia" con la corrupción y está comprometida en investigar el reciente asesinato.

MARÍA PAULINA ORTIZ

REDACCIÓN EL TIEMPO

SOLIDARIDAD CON REMEDIOS GARCÍA ALBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifiesto de solidaridad con Remedios

ACTO PUBLICO
12 MAYO (20h)
SALA CLAMORES DE MADRID  


 
La guerra jurídica contra Remedios

La delegación de parlamentarios españoles (con representantes  del PSC, CiU, ERC e IU) que en enero visitó Colombia, apoya el diálogo con la insurgencia y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno para conseguir la paz con justicia social.
Es lo que ha hecho en su actividad profesional Remedios García Albert: defender el respeto a los derechos humanos y colaborar en las aproximaciones que faciliten una negociación en Colombia.
La política del presidente Álvaro Uribe ha intentado desprestigiar a la delegación parlamentaria y ha aplicado contra Remedios la guerra jurídica internacional. El asesor presidencial José Obdulio Gaviria
(primo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria) acusó a los parlamentarios españoles de ser "idiotas útiles" al servicio de la guerrilla y a Remedios de actuar como representante de las FARC en Europa. El origen de la operación de acoso y denuncia lo han confirmado medios colombianos tan importantes como la revista Semana y la radio RCN al revelar los documentos que demuestran las intervenciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para desprestigiar y aplicarles la guerra jurídica a quienes no están de acuerdo con la política de Uribe. El DAS es el servicio secreto que depende directamente del Presidente de la República y que Uribe ha convertido en una policía política: los documentos publicados llevan el sello oficial del DAS y se agrupan bajo la denominación común de guerra política. Las operaciones secretas de espionaje, intimidación y desprestigio se dirigen contra opositores, periodistas, defensores de los derechos humanos y magistrados del Tribunal Supremo y de la Corte Constitucional. La Fiscalía lo considera "una empresa criminal" y el presidente del Tribunal Supremo, Jaime Arrubla, ha dicho que "es más grave que el Watergate". La Administración Obama ha suspendido su colaboración con el DAS.
En setiembre del 2003, al concluir su primer año presidencial, Álvaro Uribe acusó a los defensores de los derechos humanos (durante un discurso en la Escuela Superior de Guerra) de ser "politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos". Y comenzó la guerra jurídica contra la oposición interna y la solidaridad internacional.
Como dice el obispo Leonardo Gómez Serna, "si alguien busca la paz negociada, lo vinculan con la guerrilla". Dos son los instrumentos más utilizados por la política de Uribe en su guerra de desprestigio y criminalización: los contradictorios e indocumentados testimonios de supuestos desertores de la guerrilla y los supuestos documentos del supuesto ordenador supuestamente encontrado en el ataque de la Fuerza Aérea de Colombia y Estados Unidos contra el campamento de Raúl Reyes, comandante de las FARC, en territorio ecuatoriano. 
En los documentos internos del DAS publicados por la prensa colombiana se incluye en la guerra política una campaña contra las organizaciones europeas de defensa de los derechos humanos falsificando correos electrónicos. En esas pruebas precocinadas se basan las acusaciones para el procesamiento de Remedios García Albert por colaboración con banda armada. La guerra jurídica le ha destrozado la vida: ha perdido su puesto de trabajo y padece la inseguridad y las peligrosas consecuencias de la imagen terrorista proyectada en los medios de comunicación. 
Hay un procedimiento directamente contra ella y además está incluida en el auto de procesamiento por la supuesta vinculación de las FARC con la ETA en una supuesta alianza supuestamente facilitada por el gobierno de Venezuela. En el primer caso no hay más pruebas que las del supuesto ordenador, invalidadas por proceder (si es cierto) de un acto de agresión internacional contra la soberanía territorial de Ecuador. En el segundo se esgrimen supuestas revelaciones de supuestos desertores de la guerrilla que permanecen sin identificar y fueron previamente orientados por los servicios secretos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y hay además una declaración demoledora contra el montaje sobre la supuesta triangulación entre las FARC, la ETA y Chávez: el general Douglas Fraser, Jefe del Comando Sur, contestó que no tiene pruebas de esas supuestas relaciones cuando el que fue candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, le preguntó bajo juramento en el Senado sobre el auto de procesamiento elaborado por el juez español Eloy Velasco. No puede estar implicada Remedios en lo que no se ha producido.

En solidaridad con Remedios García Albert y para explicar el origen y las características de la guerra jurídica que el presidente Álvaro Uribe ha exportado desde Colombia a España, hemos convocado un acto público en la madrileña Sala Clamores que se realizará el 12 de mayo a las 20h. 

Uribe: Un gobierno narcoparamilitar

Por Francisco Pérez (*)

Los que conocemos bien a Remedios García Albert sabemos de su trabajo generoso por buscar una salida política y negociada al conflicto colombiano. Los que creen que la paz solo llegará a Colombia por esta vía hace tiempo que están criminalizados por el guerrerismo militarista de Uribe. Lo sorprendente es cómo la Audiencia Nacional Española puede dejarse llevar o el gobierno español creer a un gobierno farsante como el de Uribe y ceder a sus peticiones. Un gobierno que asesina brutalmente a Raul Reyes en Ecuador violando el derecho internacional. Un gobierno que acusa a Chávez y a Correa de vínculos con las FARC. Que ha acusado a las ONGs de derechos humanos de ser "guerrilleras". Senadoras como Piedad Córdoba y periodistas prestigiosos como Carlos Lozano o Alfredo Molano (amenazados por los paramilitares) están siendo investigados por supuestos vínculos no probados con las FARC y por denunciar los crímenes paramilitares, por la Fiscalía General del sr Mario Iguarán. El mismo Fiscal que acusa a Remedios pero que no desarrolla investigación ni persecución alguna contra los grupos paramilitares que han sembrado por miles Colombia de sangre y motosierras. Solo este año los paramilitares han asesinado ya a 40 sindicalistas, tal y como ha denunciado la CUT. También decenas de líderes indígenas, políticos del PCC y del PDA, etc. Miles de víctimas en la impunidad.

Nada de extrañar, si como ha denunciado la Corte Suprema de Justicia de Colombia, los vínculos de Uribe con los paramilitares ya superan las reuniones cómplices con ellos de sus senadores y diputados, hasta llegar el mismo presidente a runirse con los abogados de los 'paracos' en la propia Casa de Nariño, "para denunciar un complot de la Corte Suprema contra el Presidente". Un presidente que no respeta a la Justicia es un presidente antidemocrático, que no respeta la división de poderes.

La realidad es que Uribe es cómplice de los crímenes de los paramilitares desde que en los años 90, siendo gobernador de Antioquia, financió y promovió las CONVIVIR, grupos paramilitares de autodefensa. La realidad es que Uribe figura desde 1995 en la lista de narcotraficantes con el num.82 en las listas del gobierno de EEUU. Que ha hecho lo imposible por librar a los paramilitares del castigo judicial que merecen sus crímenes contra la humanidad. Que hizo para ellos una ley de impunidad que la Corte Suprema le tumbó. Que los extraditó parcialmente a EEUU porque allí serán acusados de narcotráfico y no de crímenes contra la humanidad, y la condena será menor. La realidad es que en la lucha contra las FARC ha encontrado su campaña electoral y ha acusado a todo el que trabaja por la paz de ser 'terrorista' porque necesita eliminar obstáculos para ser reelegido por tercera vez y aferrarse al poder, no vaya a ser que su gobierno termine investigado y procesado por la Corte Suprema en Colombia o se vea en el futuro ante la Corte Penal Internacional. Tiene prisa a su vez, porque a Bush se le acaba el tiempo y llegará Obama con otra política para Cuba y para Colombia. Analistas de EEUU y del Partido Demócrata ya ven que puede terminar como Noriega el de Panamá.

Por eso, la estrategia de Uribe, fracasada ya su política económica neoliberal, y escandalizada la ciudadanía por sus más de 60 senadores y diputados acusados, imputados y algunos ya condenados por vínculos con el paramilitarismo, se centra en lograr éxitos contra las FARC, aunque en el medio tenga que acusar falsamente a todo aquel que critica sus vínculos con el paramilitarismo y cree en una salida negociada. A él no le importa la condena de una inocente española, sino la propaganda a su favor que supone. A la Audiencia Nacional y al Gobieno socialista español sí deben importarle la verdad y la justicia, y no ceder ante las presiones y necesidades políticas de un gobierno colombiano de extrema derecha desprestigiado, presidido por un hombre ya quemadopuesto en el cargo por la mafia paramilitar y la mafia del narcotráfico.

(*) Francisco Pérez es Coordinador

de Política Exterior de IU

Comunicado unitario ante la detención de Remedios García Albert

Los movimientos sociales, de solidaridad, organizaciones políticas, asociaciones de derechos humanos, de refugiados e inmigrantes, así como otro tipo de colectivos musicales y artísticos abajo firmantes, ante la detención de nuestra compañera Remedios García Albert el pasado sábado 26 de julio en su domicilio de San Lorenzo del Escorial, bajo la acusación de “integración en banda armada”, en este caso las FARC-EP, declaramos: Nuestro más profundo rechazo a esta inaudita detención, instada desde la fiscalía de Colombia (dirigida por Mario Iguarán, repetidamente señalado como vinculado al paramilitarismo y responsable de la sistemática impunidad en que quedan en Colombia los crímenes contra la población civil), sobre la base de pruebas de dudosísima procedencia, como son los supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del recientemente asesinado, Raúl Reyes, ex-responsable de relaciones internacionales de las FARC-EP. Cabe destacar que dicho ordenador fue “recuperado” por el ejército colombiano tras un bombardeo e incursión ilegítimas, en territorio ecuatoriano, violando la soberanía de este último país, así como varios tratados internacionales. Además, quedó constatado por diversos organismos - incluida la Interpol, entre otros-, que la cadena de custodia del ordenador fue rota en varios momentos, así como la modificación de numerosos archivos, por lo cual estos supuestos correos electrónicos nunca deberían constituir una prueba válida y lícita en un juicio, ni motivo de una detención­. La compañera Remedios García ha desempeñado durante años un destacado trabajo en el ámbito de la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y el apoyo a una salida negociada al conflicto colombiano. Cabe desatacar su labor como dirigente de OSPAAAL durante el proceso de paz que se llevo a cabo en el gobierno del anterior Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y en especial durante la Conferencia de paz desarrollada en el año 2000 en Alcalá de Henares (en el que Remedios, a través de OSPAAAL fue una de las organizadoras), conferencia que fue reconocida por los propios gobiernos Colombiano y Español. Ante la demagogia desatada estos últimos días es preciso recordar como, en el marco de dicha Conferencia, la presencia del dirigente de las FARC-EP, Raúl Reyes, fue amparada por múltiples instituciones oficiales. Entendemos esta detención como un paso adelante del gobierno colombiano para acabar, por los medios que sean, con toda la oposición a su política militarista y guerrerista, especialmente con todos aquellos que buscamos una salida política y negociada al conflicto colombiano. Además, en esta ocasión, dicha política de amedrentamiento se agrava, pues se internacionaliza, gracias al apoyo incondicional del gobierno y la justicia españolas al gobierno de Uribe, los cuales no han servido más que de ejecutores de esta política que en Colombia ha sembrado ya varios miles de muertos. El gobierno de Álvaro Uribe con su doctrina de seguridad democrática continúa apostando por la guerra y la represión como único medio para la solución del conflicto colombiano mientras, se hacen cada vez más evidentes sus vinculaciones con el paramilitarismo de Estado en Colombia, como se refleja en la detención de setenta congresistas de su entorno más inmediato. Lamentamos profundamente el brutal escarnio público al que ha sido sometida Remedios García por parte de la prensa española e internacional, los cuales, en una estrategia global de acoso a las ordenes de Colombia y su socio Norteamericano, han hecho un juicio paralelo encontrándola directamente culpable y obviando su derecho a la presunción de inocencia. Además se ha publicado su foto, su dirección, su portal y el número en el que vivía, incluso con imágenes de video, violando su derecho a vivir una vida normal teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones. Esto último es ya el colofón de la ya mencionada internacionalización del conflicto: el “asesinato de imagen”; ya da igual que la acusada sea inocente, hay un daño de imagen irreparable. Esto ocurre día a día en Colombia, donde luchadores pacifistas, de derechos humanos, ecologistas, u opositores al gobierno de Uribe son criminalizados, insultados y acusados de terrorismo al unísono por todos los medios de comunicación, teniendo en muchos casos que poner tierra de por medio pues, una vez señalados, son blanco prioritario de organizaciones paramilitares que en la mayoría de casos, asesinan a los que deciden quedarse. No podemos dejar de señalar el papel de las políticas antiterroristas en la erosión progresiva de los derechos de los ciudadanos y las garantías más básicas, utilizando la supuesta lucha contra el terror como un argumento para criminalizar la protesta social y las luchas por un mundo más justo. Por todo esto, declaramos de nuevo, nuestra más firme solidaridad con Remedios García Albert, e invitamos a todas las asociaciones, organizaciones y movimientos que así lo deseen a sumarse a este manifiesto, así como al resto de acciones que se están llevando a cabo en solidaridad, especialmente la recaudación de fondos para el pago de la fianza de 12.000 €.-, cuyo impago, antes del viernes, conllevará la entrada en prisión de la compañera Remedios García. Ingresos a nombre de Remedios García AlbertConcepto: pago de fianzaCcc 2038 1969 67 3000193165 Asimismo, condenamos una vez más, la política represiva, asesina y criminal que practica el régimen de Álvaro Uribe contra su población y especialmente contra aquellos que trabajan día a día por un porvenir mas justo y en paz. Política que ya ha dejado varios miles de muertos y que ahora pretende ser exportada a Europa, con la amplia colaboración de esta última (que además necesita esta represión para sobrellevar la nueva crisis económica que acaba de empezar, como ya hemos visto en estos últimos meses: casos de censuras, juicios y encarcelamientos a activistas de los movimientos sociales) Por ultimo, declarar firme y unánimemente que no cejaremos jamás, por mucha represión que haya, en nuestros empeños de cambio hacia un mundo mucho mas justo, solidario, en paz y con justicia social. ¡Libertad sin cargos para Remedios García! ¡No a la criminalización de los movimientos sociales! Organizaciones que suscriben este comunicado: Asociación Argentina Pro Derechos Humanos – Madrid Asociacion de Solidaridad Bolivariana Asociación Solidaridad Derechos Humanos Colombia CINPROINDH Colectivo 26 de Julio Colectivo Madrileño por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia (COMADEHCO) Colectivo de Refugiados Colombianos en España (COLREFE) Comité de España del Partido Comunista Colombiano Comité de Solidaridad con la Causa Árabe Comunistas-3 Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba-Madrid Corriente Roja Cultura Paz y Solidaridad Derechos para Tod@s El Militante Espacio Alternativo Foro de Sao Paulo en Madrid Jóvenes del Polo Democrático Alternativo Juventud Comunista de España (M-L) Manos Fuera de Venezuela OSPAAAL Paz Ahora Partido Comunista de los Pueblos de España Partido Comunista de España Partido Comunista de España (M-L) Partido Comunista de Chile en España Partido Comunista Uruguayo – Comite en España Partido Nacionalista Peruano – Madrid Periódico LaRepublica.es Periódico LaDemocracia.es Plataforma Bolivariana Plataforma de Ciudadanos por la República Red de Municipios por la Tercera República Sodepaz-Madrid Sindicato de Estudiantes Unidad Cívica por la República Unión de Juventudes Comunistas de España Unión Proletaria

En libertad la militante pacifista acusada de colaborar con las FARC

NOTA DE PRENSA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA - FEDERACION DE MADRID

En la tarde del domingo día 27 de Julio ha quedado en libertad provisional bajo fianza Remedios García Albert, detenida en el día de ayer en San Lorenzo del El Escorial (Madrid) en una operación conjunta de la policía española y Colombiana contra los presuntos responsables de las FARC en Europa.

La detención de R.G.A. se produjo bajo la acusación de un delito de “integración en banda armada”, acusada de ser la responsable de las FARC en Europa así como de estar integrada en la estructura de esta organización.

La detención se produjo a instancias de las autoridades colombianas, concretamente del fiscal Mario Iguaran, con base en unos supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del ex responsable de relaciones internacionales de las FARC Raúl Reyes, muerto el pasado mes de marzo en un ataque del ejercito colombiano contra territorio ecuatoriano.

RGA se ha desempañado desde 1.998 como técnico de OSPAAAL, ONG española cuyo objeto social es la búsqueda de la paz y la resolución negociada de conflictos aplicando los principios del Derecho Internacional Humanitario, debido a lo cual mantuvo constantes contactos con las partes involucradas en el conflicto colombiano. Igualmente, RGA es una destacada activista de la solidaridad internacional, habiendo realizado números actividades de defensa de los derechos humanos de las victimas de los conflictos del Sahara Occidental, Palestina o Irak entre otros.

En la mañana del domingo 27 de julio, sin que la policía española utilizara más que un día de los cinco que la legislación antiterrorista le autoriza a mantener a la detenida bajo su custodia, fue puesta a disposición de la Audiencia Nacional, concretamente del Juzgado Central de instrucción nº 5, a cuyo frente se encuentra el Magistrado Juez Baltasar Garzón.

Tras el interrogatorio a que fue sometida en sede judicial, estando presente el fiscal y el abogado defensor Enrique Santiago, el juez rebajó la acusación a un delito de “colaboración con banda armada”, procediéndose a realizar la vista judicial que decide sobre la situación personal del imputado

En la celebración de la vista el fiscal solicito que se acordara prisión provisional eludible bajo una fianza de 20.000.- euros, mientras que la defensa solicito la libertada de la imputada, subsidiariamente la imposición de una mediada cautelar no pecuniaria –a tendiendo a la situación económica de la imputada, trabajadora de escasos recursos y sin patrimonio personal- y subsidiariamente, ante la reducción de la fianza solicitada por la fiscalía hasta una cantidad proporcionada a la capacidad económica de la imputada.

Finalmente el Juzgado Central de instrucción nº 5, tras establecer que podria tratarse de un posible delito de “colaboración con banda armada”, acordó la puesta en libertad de la detenida, decretando prisión provisional eludible bajo una fianza de 12.000.- euros que deberá ser depositad en siete días, y en caso de no ser depositada, con al obligación de ingreso en prisión.

Tras ser opuesta en libertad R.G.A. su abogado defensor, Enrique Santiago, declaró:

“ Se trata de una actuación mas de las autoridades colombianas en el marco de la estrategia personal de Álvaro Uribe de criminalizacion de aquellos que defienden una salida negociada a un conflicto, el colombiano, que dura desde principios del S. XX, una política de criminalizacion que alcanza tanto a los gobiernos latinoamericanos que han jugado un papel de mediación en el conflicto, como a los dirigentes políticos y sociales colombianos que han trabajado pro el acuerdo humanitario y a todas las organización, colombianas e internacionales, que han defendido la aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario al conflicto colombiana, incluido el reconocimiento del estatuto de beligerancia a todas las partes implicadas y la obligación de estas de actuar conforme al derecho internacional respetando especialmente a la población civil y victimas del conflicto”

“El trato dado a la RGA por la policía española ha sido muy correcto y respetuoso, resultando lamentable que las autoridades españolas den la mínima credibilidad a documentos colombianos de dudoso origen y mas que dudosa solidez probatoria, máxime procediendo del fiscal general colombiano Mario Iguaran, repetidamente señalado como vinculado al paramilitarismo y responsable de la sistemática impunidad en que quedan en Colombia los crímenes contra la población civil”.

“Tras el 11-S y la posterior política de restricción de las libertades civiles y publicas que invade el planeta, todos los defensores de la paz y la resolución negociada de los conflictos en estricta aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario corren el riesgo de ser criminalizados, como ya está haciendo el gobierno colombiano con toda la comisión de autoridades que intervinieron en el ultimo intento de intercambio humanitario de rehenes de las FARC y presos del estado colombiano. Los hechos imputados a RGA son claramente una criminalizacion gratuita de las actuaciones de búsqueda de la paz, de los compromisos de actuación humanitaria dentro del conflicto y de los esfuerzos por poner en contacto a las partes implicadas. Cada vez aparece mas difusa la línea separadora entre las practicas dialogadas para la resolución de conflictos y la “colaboración” con organizaciones terrorista, tendencia que de seguir así provocara mas temprano que tarde que nadie esté dispuesto en el planeta a realizar tarea alguna de mediación o interlocución para la resolución conflictos armados”

CUENTA DE SOLIDARIDAD CON REMEDIOS GARCIA ALBERT Debido a la ausencia de medios económicos para afrontar el pago de la fianza de 12.000 euros impuesta por la Audiencia Nacional, y ante las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas, Remedios García Albert ha abierto la siguiente cuenta corriente para recibir aportaciones voluntarias para el pago de la fianza que deberá ser depositada antes del sábado día 2 de agosto para eludir el ingreso en prisión Ingresos a nombre de Remedios García Albert Concepto: pago de fianza C/C (CajaMadrid): 2038-1969-67-3000193165

Asesinan dirigente comunista de Arauca

El pasado 3 de mayo fue asesinado el dirigente comunista araucano JULIO LAGOS, incrementado el número de dirigentes comunistas de este departamento asesinados en los últimos meses. Julio Lagos se encontraba en Venezuela en razón de las amenazas que había recibido. Al parecer fue secuestrado cerca de la frontera y su cadáver abandonado luego en la vereda Puerto Lleras del municipio de Saravena. Hace poco en similares circunstancias fue asesinado el dirigente juvenil ALIRIO QUIÑONEZ, integrante del Comité Central de la Juventud Comunista Colombiana.

La situación de seguridad de la militancia comunista del departamento de Arauca es extremadamente grave. A los asesinatos y las amenazas se suman los montajes judiciales que se pretenden montar contra FERNEY TIQUE, dirigente comunista y Diputado actual del PDA, contra MARTIN SANDOVAL, Secretario General del PCC en el departamento y contra otros dirigentes comunistas, sindicales y del PDA.

Sin encontrar ninguna respuesta el PCC ha denunciado estos crímenes ante diversas instancias oficiales.