martes, 24 de noviembre de 2009

Luis Montes: "Hay que derogar la Ley 15/97"

Entrevista con el doctor Luis Montes, antiguo responsable de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganes Cuando le telefoneamos para pedirle una nueva entrevista nos responde con la amabilidad de siempre: «Con vosotros siempre estoy dispuesto a colaborar». Al día siguiente, a primera hora de la tarde, la benignidad del clima nos permite acomodarnos en un banco del parque que hay frente al Hospital Severo Ochoa, el Parque de los Poetas, muy cerca del soberbio busto de Rafael Alberti que donó el PCE a Leganés. Está algo cansado, dice. A pesar del tiempo transcurrido desde que la justicia le dio la razón y quedó clara su inocencia y la de sus compañeros, su actividad continúa siendo frenética. Echa de menos dedicarse más a los suyos. «Hicieron de mí una estrella mediática», bromea. Ahora está comprometido en la lucha por el derecho a una muerte digna. De ello, de la movilización social por la derogación de la Ley 15/97, la que abrió las puertas a la privatización de la sanidad, y de otros muchos asuntos hablamos con él. Mundo Obrero: ¿En qué estado se encuentran las diferentes querellas por injurias que se han ido tramitando contra la COPE y determinados periodistas estrella de la extrema derecha? Luis Montes: Había dos tipos de querellas: las de antes de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ordenaba retirar cualquier referencia a malas prácticas médicas –te estoy hablando de 2005 a 2007- y las que hemos presentado después por haber continuado la misma campaña de no rectificación y de «caña al mono que es de trapo». Las anteriores, que eran fundamentalmente contra la COPE, César Vidal, Jiménez Losantos y Cristina López Schlichting, ya tienen calificación del fiscal y estamos esperando a que el juez dicte sentencia. De las demás, todas han ido siendo admitidas a trámite, están en las diligencias previas y se encuentran sin resolver. MO: El pasado 7 de mayo se entregaron 400.000 firmas en el Congreso de los Diputados pidiendo la derogación de la Ley 15/97. ¿Qué grado de responsabilidad se le puede atribuir a esta ley en procesos de privatización de comunidades autónomas como la de Madrid? ¿Qué perspectivas puede haber de que la ley finalmente sea derogada y se produzca una reforma en profundidad para recuperar lo perdido en la salud pública? LM: La ley ha sido fundamental para el desarrollo de los procesos de privatización. Como sabes, la 15/97 fue una ley del gobierno de Aznar, pero votada a favor por el PSOE en lo que ellos llamaban la «colaboración útil», y lo que planteaba era la búsqueda de fuentes de financiación para un sistema de recursos limitados como lo es un sistema público. Eso da pie, con las transferencias autonómicas, a que haya tantas leyes 15/97 como desarrollos autonómicos ha habido. En Madrid nos encontramos con que el gobierno regional tiene una única obsesión: privatización, privatización, privatización. Pues creo que ha quedado demostrado que, con el desarrollo del cuerpo legislativo de la Comunidad de Madrid y las leyes de acompañamiento, la Ley 15/97 ha servido para la privatización y la construcción de los nuevos hospitales. Hay que derogarla; los resultados están ahí. En gobiernos que ha interesado el ámbito público que atendían, como la comunidad valenciana, con una población numerosa, o la de Madrid, también con una población numerosa, se han desarrollado a tope la ley y el proceso de privatización. Pienso que, ante un clamor popular por la sanidad en tanto que el único servicio público garante de la equidad y la universalidad, el partido en el poder tiene que derogar la Ley 15/97. Otra cosa es que lo haga, pero lo tendría que hacer. MO: ¿Por qué crees que en comunidades como la de Madrid o la valenciana parece que no haya ningún castigo electoral al PP por este tipo de políticas que deterioran de manera tan drástica los derechos ciudadanos? ¿No hay alguna responsabilidad de la izquierda en general para que no se produzca un rechazo popular que se refleje en las elecciones? LM: Bueno… el análisis sobrepasa mis posibilidades. Lo que yo pienso es que han influido, en el caso de Madrid, algunas cosas importantes a nivel cultural. Hemos progresado socio-económicamente; no podemos basarnos en los mismos presupuestos que hace 20 años. Ha calado hondamente el discurso demagógico de la derecha neoliberal de la desarticulación de España; Madrid era el ombligo del país y con el Estado de las Autonomías es una comunidad más, muy importante, pero una más entre las 17. Yo creo que muchos madrileños quieren volver al centralismo y que Madrid vuelva a ser lo que era. En la comunidad valenciana yo creo que ha sido la especulación, el ladrillazo, la política del agua y también ha calado lo de «España, España, España». Se trata de dos comunidades que tradicionalmente no tendrían que ser de derechas. Si me fijo en mis años de militancia activa, en lo que era Madrid en los últimos de la dictadura y los primeros de la transición, y veo adónde hemos llegado, no me reconozco como ciudadano madrileño. Luego, algo ha pasado. Por otra parte, en mi análisis también entra que no ha habido una alternativa. Yo no creo en los liderazgos, pero sí creo en la organización y la lucha. No quiero interpretarlo, pero pienso que ha interesado. Un discurso como el de Esperanza Aguirre o el de Camps interesa para el resto de las autonomías. Donde se marcan diferencias para ganar el poder es en Andalucía y Cataluña, y un discurso centralista y antiautonómico del PP puede favorecer una política socialdemócrata de odio eterno a Esperanza Aguirre. Ahora que viajo mucho por el país, en todas partes me encuentro el clamor de cómo aguantamos a Esperanza Aguirre. Yo creo que esto es algo que le interesa al PSOE. MO: Una vez que ha quedado clara la responsabilidad en la gestación de la crisis en nuestro país del sector inmobiliario, ¿no cobra una perspectiva nueva que en la CAM se ceda la gestión de los hospitales a las empresas del ladrillo?, ¿no queda ya muy claro para todo el que quiera ver a qué intereses respondía aquella cesión de la gestión de la sanidad? LM: Sí. Pero yo tampoco tengo claro que cuando salgamos de la crisis, que va a ser larga y profunda, no salgamos con la sanidad privatizada. A mí los momentos de crisis me parecen peligrosos, porque favorecen que se saquen políticas defensivas a ultranza. Igual que también pueden prosperar, por ofrecer algo al electorado y a la ciudadanía, políticas sociales y de avance de derechos, aunque queden solamente en el marco jurídico y sin desarrollar. Ya se empieza a hablar de «desaceleración», otra vez del Pacto de Toledo, de que las pensiones peligran, de que hay que prolongar la edad de jubilación… Y a mí todo este discurso me parece peligrosísimo. Porque van a llegar en un momento determinado, cuando les interese, a plantearnos, ya con un plebiscito, la opción entre las pensiones y el Estado de Bienestar, para que digamos que queremos las pensiones. Y entonces la Ley 15/97 puede alcanzar un marco generalizado de venta. Incluso podemos llegar a situar como ideal social demagógico al empresario como «creador de empleo». Las cifras, como la de cuatro millones de parados, son espeluznantes y pueden usarse para atemorizar y para desmovilizar. Yo no sé cómo puede acabar esto, pero a mí la situación no me gusta nada. MO: Finalizas tu libro (El caso Leganés, Editorial Aguilar, Madrid, 2008) con el compromiso, que me consta que estás llevando a la práctica, de promover un cambio de mentalidad de nuestra sociedad con respecto al derecho a la eutanasia, de un profundo cambio cultural incluso en la forma de ver la vida, el dolor y la muerte en nuestras sociedades industrializadas. En la última entrevista (Mundo Obrero, marzo 2008) nos dijiste que el caso de Leganés había provocado una reacción conservadora. ¿Crees que en estos últimos tiempos se ha recuperado algo, que ha habido algún cambio en sentido inverso? LM: A lo mejor es que yo lo necesito mentalmente, pero sí que creo que ha habido un efecto feed-back. En un primer momento la crisis de Leganés fue terrible a nivel mediático, se sufrió una de las campañas de acoso más intensas que han existido contra lo público, lo que sirvió de cortina de humo para el desarrollo de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Pero después tuvo un efecto de vuelta. Entraron de manera muy bestia en un asunto muy sensible y que afecta a todos los ciudadanos, que es el tema de la muerte. Pero, tras aquello, y con los casos posteriores de la francesa Chantal Sébire o la italiana Eluana Englaro, o el decreto de muerte digna en Andalucía –si es que llega alguna vez a discutirse-, me parece que el debate ha salido a la luz, está en la actualidad y que es un debate que tenemos abierto para el futuro. En un Estado de Derecho, en una sociedad plural, laica y aconfesional es esencial la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre el proceso final de su vida. Creo que el debate se ha logrado abrir; los ciudadanos nos lo merecemos. Incluso a nivel hospitalario y médico ya se habla del tema de la sedación terminal, de algo que estaba oculto, y estamos hablando de 2005, que es cuando surge la crisis. Han pasado apenas cuatro años y el debate está ahí. Entrevista publicada en el número de Mundo Obrero de junio del presente año.

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